La historia se repite. Hacía 27 años que no se producía una huelga del fútbol español. El 16 de septiembre de 1984 se produjo un parón por culpa del mismo problema que los jugadores denuncian hoy: las deudas. La AFE ha convocado la quinta huelga desde su creación, el 23 de enero de 1978, porque los impagos alcanzan los 50 millones de euros y no hay garantía de que se abonen las cantidades pendientes ni los contratos del futuro. La patronal manifiesta que no hay dinero para guardar en un fondo. El comienzo del campeonato se encuentra en el alero. La presión institucional aboga para que haya Liga el viernes. Si nadie cede, el torneo se retrasará hasta el 9 de septiembre, después de los dos partidos de la selección española. Se busca un pacto de mínimos para no extender las vacaciones ligueras durante tres semanas.
Fuentes del sindicato explicaron a ABC el origen de esta crisis: «Si la Ley Concursal no permitiera que los clubes no paguen y mantengan la categoría, no tendríamos este problema, porque los equipos se buscarían la vida para cubrir sus débitos de existir la amenaza del descenso. Hoy contamos con siete equipos en Ley Concursal. Si se aplicara la norma de que quien no paga baja, casi no haría falta ni un fondo de garantía salarial. Habría tortas por cubrir esas plazas».
Asegurar el 75 por ciento
La Liga Profesional y la AFE analizaron diversas propuestas a lo largo de todo el día para intentar un mínimo acuerdo que desconvoque la huelga y permita el estreno del campeonato el viernes. Pero las posturas son el sol y la luna. Persisten en el Ártico (el sindicato) y en la Antártida (la patronal). No hay un punto de encuentro en el ecuador. La Asociación de Futbolistas Españoles solicita que se garanticen los 50 millones pendientes y un mínimo de 35 millones anuales por cada una de las cuatro temporadas que abarcaría el convenio puesto sobre la mesa. Es decir, pide que se asegure el cobro de 140 millones en cuatro años. El 75 por ciento de los contratos firmados por los clubes y los jugadores. La LFP ofrece 10 millones por campaña, 40 en total, de los que 28 serían para Primera división (siete por temporada) y 12 para Segunda (tres). Solo habrá fútbol esta semana si se firma una paz inicial y se aparca el litigio fondo de garantía salarial con el fin de abordarlo en el próximo trimestre. El dilema es que ese capítulo y su cuantía es la clave de la huelga.
Primar la Ley del Deporte
Una de las propuestas para llegar a cierto punto de encuentro era aportar mensualmente dinero al fondo de garantía, hasta alcanzar los 15 o los 20 millones de euros. Eso significaría poner 1,5 ó 2 millones mensuales durante diez meses. La divergencia es que esa cantidad absoluta sería la mitad de la cifra que la AFE desea tener garantizada cada año.
El quid de toda la crisis es la perversión de la ley de quiebra técnica, denominada Ley Concursal, que permite no hacer frente a las deudas, congelar el pago de las nóminas de los jugadores y abonarles la mitad de sus contratos durante cinco años sin descender de Primera a Segunda, o de Segunda a Segunda B. El sindicato ha requerido a la patronal la firma de un convenio que conceda prioridad a la Ley del Deporte sobre la Ley Concursal, de manera que se recupere la vieja regla de que quien no paga, baja. El Parlamento español debe aprobar una reforma de esa ley de quiebra que anulará la «trampa» que actualmente aprovechan los equipos. Se espera que la remodelación se encuentre en vigor la próxima temporada.
Ascienden los «quebrados»
El Racing, abandonado por su gurú indio, es el último club que se ha subido a un carro que antes acogió a Betis, Rayo, Zaragoza, Granada, Mallorca, Levante, Hércules... sin olvidar que Málaga y Real Sociedad también se agarraron a esta normativa en su día.
Entidades como el Villarreal, el Getafe y el Numancia se han quejado de los abusos que ciertos equipos han llevado a cabo al protegerse con la quiebra técnica. Paco Gómez, presidente del Cartagena, ha sido el más duro: «Es vergonzoso. No hay más que ver qué clubes ascendieron los dos últimos años. Hércules, Levante, Betis, Rayo, Granada... Todos en suspensión de pagos. Y los demás, los que cumplimos, seguimos en Segunda».
El dirigente del conjunto murciano ha expresado de manera clara lo que también piensan Fernando Roig (Villarreal), Ángel Torres (Getafe) y Francisco Rubio (Numancia): «A los clubes que no paguen no deberían permitirles subir. Habría que descenderlos».
Gómez ha sufrido también esa injusticia en las contrataciones. «Es difícil fichar. Tienes que hacer un esfuerzo para quitárselos a esos equipos que luego no pagan. Así también fichamos los demás». Ángel Torres denunció igualmente ese perjuicio hace cinco meses. El año pasado se jugaba la permanencia contra un club, el Zaragoza, que no le había abonado 950.000 euros del traspaso de Uche. Pidió su descenso administrativo.
Los excesos no solo afectan a los jugadore
s, sino a los equipos. El fútbol español es víctima de un viejo refrán: quien hizo la ley, hizo la trampa. Mientras el Parlamento no la cambie, LFP y AFE deben decidir si hay una tregua para negociar. De lo contrario, la huelga continuará.
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